El sector agrícola se planta frente a los abusos de Europa
El sector agrícola europeo ha estallado en protestas masivas en toda la Unión Europea (UE), con agricultores demandando un cambio significativo en las normativas y políticas que regulan su industria. Las manifestaciones, que han ganado fuerza en las últimas semanas, están impulsadas por la creciente frustración ante lo que los agricultores consideran un trato injusto por parte de la UE, que establece normas estrictas y exigentes para los productos agrícolas europeos mientras permite la importación de productos de terceros países bajo estándares más laxos.
Descontento y Desafíos del Sector Agrícola:
Los agricultores europeos han expresado su profundo descontento con las normativas de la UE, que imponen una serie de requisitos y regulaciones costosos y difíciles de cumplir. Estas normas abarcan desde estándares de seguridad alimentaria hasta prácticas agrícolas sostenibles y bienestar animal. Si bien muchos agricultores reconocen la importancia de estas regulaciones en términos de protección del consumidor y el medio ambiente, argumentan que el cumplimiento de estas normativas representa una carga financiera y administrativa abrumadora para sus operaciones.
Además, los agricultores europeos se enfrentan a una competencia cada vez más desigual debido a la importación de productos agrícolas de terceros países que no están sujetos a las mismas normativas rigurosas. Esto ha llevado a una situación en la que los productos agrícolas europeos se ven obligados a competir en el mercado interno con productos importados que a menudo se producen a un costo mucho más bajo y bajo estándares menos estrictos. Si a todo esto le sumamos la problemática del cuaderno de campo que a partir de este año ha pasado ya a ser obligatorio, nos encontramos ante un complicado panorama.
Las 10 exigencias del Sector Agrícola:
- Flexibilización de la Política Agrícola Común al considerar inasumibles su burocracia y sus costes ambientales; menos cargas burocráticas a nivel administrativo.
- Negociación de las cláusulas espejo en los intercambios comerciales con terceros países y creación de un observatorio sobre las importaciones de productos alimentarios.
- Paralización de los acuerdos con Mercosur y Nueva Zelanda y las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia, así como más controles a la importación desde Marruecos.
- Cambio en el funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria. Modificación y ampliación de dicha norma para prohibir las prácticas desleales, con el fin de que los precios de los agricultores cubran los costes de producción.
- Un sistema de seguros agrarios que responda a las necesidades de los productores y adaptado a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos.
- Una fiscalidad acorde a los incrementos de costes que soporta el sector derivado de situaciones como la guerra en Ucrania.
- Inversiones urgentes en materia de regadíos.
- Ayudas para hacer frente a contratiempos como la sequía.
- Medidas para favorecer la incorporación de jóvenes al campo.
- Medidas en la gestión de la «crisis» por la sanidad animal que, además, creen que está siendo objeto de «luchas partidistas».
La Unión Europea retrocede:
Ante las protestas del sector agrario europeo en diferentes países del continente, los responsables de la Unión Europea se plantean medidas que rebajen la carga administrativa y cuiden a uno de los sectores más importantes de nuestra economía.
El Ejecutivo comunitario lanzará entre marzo y mayo, además, una encuesta en línea para identificar las preocupaciones de los agricultores, sus cargas y la complejidad derivada de las normas de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que está en vigor desde el 1 de enero de 2023. La primera evaluación de la PAC se conocerá a principios del verano y la definitiva en otoño.